Para Amnistía Internacional, tras un año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la crisis de derechos humanos es una asignatura pendiente, pues su administración ha mostrado pocos avances substanciales para resolverla. Así lo hizo saber el organismo es su informe México: cuando las palabras no bastan. Situación de los derechos humanos a un año de gobierno. Aunque reconoce que hay avances sobre todo en la narrativa, no se ve un cambio sustancial en la vida de millones de personas en el país.
—Con palabras, como lo hemos visto en las administraciones pasadas, no va a cambiar esa situación. Las legislaciones y los decretos solo son promesas de papel —comentó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional durante la presentación del documento.
En la medida que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tenga una intención y una voluntad política de transformar esas políticas y leyes en acciones concretas para mejorar la vida y dignidad de las personas, nos parece que solo será una repetición de pasados gobiernos.
El balance se centró en cuatro temas: estrategia de seguridad y derechos humanos, violencia basada en género contra mujeres y niños, personas migrantes y solicitantes de asilo y espacio para la sociedad civil.
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Violencia a la alza
Para Guevara Rosas los altos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los índices de violencia contra las mujeres y la estrategia de seguridad militarizada muestran la trágica realidad en México
Según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hasta octubre de 2019 se han registrado 28 mil 741 asesinatos. Y se observa un aumento con respecto al 2018, cuando en el mismo periodo hubo 24 mil 22 homicidios. Ese año la cifra cerró con 34 mil 202 personas asesinadas y lo convirtió en el más violento desde que se realiza el registro. Cabe señalar que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa contabilizó 101 mil 201 homicidios, mientras el de Enrique Peña Nieto 121 mil 940.
El informe también apunta que la creación de la Guardia Nacional da continuidad al despliegue de militar para llevar a cabo labores de seguridad pública, que corresponden a la policía. Dicha estrategia surgió en la administración de Felipe Calderón, en 2006, con la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”.
—A pesar de los esfuerzos (para que sea una corporación civil), casi el 80 por ciento de sus miembros de la Guardia Nacional son militares en pleno ejercicio. Y quién está al mando (el general Luis Rodríguez Bucio) es un militar retirado, que bajo las leyes castrenses determina que sigue siendo militar—comentó Erika Guevara.
Hemos visto que no ha habido un cambio sustancial en la política militarizada para atender el problema de seguridad y violencia. La creación de la Guardia Nacional formaliza una estrategia fallida de militarización ante esta situación.
El balance también critica la aprobación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que, entre otras cosas, establece que en una manifestación, si es lícita, no se pueden usar armas o la fuerza. Para Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, dicha norma jurídica es riesgosa porque determina que alguien diga cuándo una manifestación es lícita y cuándo no.
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Periodistas y activista muertos
Otra de las preocupaciones que refleja el documento es la protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Reporta que durante esta administración 24 defensores de derechos humanos y 15 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación han sido asesinados. Y acusa que algunos de ellos estaban dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y alertaron a las autoridades que corrían riesgo.
La organización Artículo 19 ha documentado 131 asesinatos de periodistas en México, desde el año 2000. La administración de Vicente Fox registró 22 homicidios, la de Felipe Calderón 48 y la de Enrique Peña Nieto 47. Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles por los Derechos para Todos y Todas (RED TDT) reportó que durante el mandato de Peña Nieto fueron asesinados 161 defensores de Derechos Humanos, mientras que en el periodo 2009 a 2012, la administración de Felipe Calderón contó 44.
—El último informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU reportó a México, el 7 de noviembre, que se debía revisar el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos —detalló Tania Reneaum.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU emitió 104 recomendaciones al Mecanismo para que no sea reactivo sino preventivo. Las familias de las personas defensoras no saben exactamente qué ocurrió con su familiar asesinado.
Derecho a una vida libre, una expectativa
En cuanto a la violencia contra mujeres y niñas, el informe apunta que sigue siendo generalizada y tiene varios pendientes. El más urgente: terminar con los feminicidios, pues de enero a septiembre de 2019 se reportaron 748. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el secretariado ejecutivo del SNSP registró 2 mil 486 feminicidios. Este delito comenzó a registrarse como tal a partir de 2015, diferenciándose de los homicidios dolosos. Por su lado, la organización Católicas por el Derecho a Decidir dio a conocer en 2018 que en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 4 mil 112 feminicidios que se tienen documentados por las procuradurías locales.
—México tiene la responsabilidad internacional de hacer viable y factible el derecho a una vida libre de violencia —declaró Tania Reneaum.
Hoy con las estadísticas que tenemos el derecho a una vida libre es una expectativa.
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Migración: el muro se hizo real
Por lo que toca al tema de la migración, el balance señala que a inicio de año hubo un novedoso sistema de diagnóstico de necesidades de personas que llegaron desde Centroamérica en las llamadas “caravanas”. Incluso se entregaron visas humanitarias a más de 14 mil migrantes durante enero y febrero. Pero meses después ese sistema perdió efectividad. Para Erika Guevara las políticas migratorias cambiaron a raíz de la presión de Estados Unidos. Disminuyó el número de visas entregadas al mes a menos de 2 mil. Además se usó a la Guardia Nacional para el control de la migración. Hasta septiembre de 2019 fueron deportadas a sus países de origen 102 mil 705 personas.
—Al inicio de su gobierno (el presidente López Obrador) anunció un cambió radical en su política migratoria —comenta la directora para las Américas de Amnistía Internacional—. Hablaba de una política humanitaria, de defensa de los derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de asilo. Pero se ha quedado solo en la retórica.
Lo que hemos visto es que se ha abandonado ese discurso humanitario por medidas de endurecimiento y restricción que incluye la utilización de la Guardia Nacional para militarizar las fronteras y evitar el paso de personas.
Algo similar sucedió en 2016, cuando la administración de Enrique Peña Nieto implementó el Plan Frontera Sur. El gobierno, entre otras acciones, tomó el control de La Bestia, utilizó sistemas de geolocalización y drones para detectar migrantes; colocó cámaras de vigilancia en los trenes, construyó bardas e instaló alarmas alrededor de las vías. Además contrató grupos de seguridad privada y deportó a 23 mil migrantes.
—De pronto Trump dijo que iba aumentar los aranceles y sin invertir muchos más dólares hizo real el muro —reclamó Tania Reneaum—, porque México y la política exterior mexicana lo hicieron real con ese despliegue de la Guardia Nacional a la frontera sur.
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Mala implementación de políticas
Para Amnistía Internacional el gobierno de López Obrador ha mostrado interés en avanzar en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos, pero problemas en el diseño e implementación de política públicas disminuye su capacidad para lograr cambios reales.
—El gobierno del presidente López Obrador tiene un mandato robusto y una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país —dijo Tania Reneaum—. Le urgimos a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas.
Amnistía Internacional está en espera de una respuesta a una solicitud para reunirse con Andrés Manuel López Obrador y presentarle este informe.
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